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Declaración Pública por la Defensa de las Ballenas, los Principios de la Investigación Científica y la Paz en Antártica


Ante el histórico dictamen de la Corte Internacional de Justicia que se efectuará el próximo 31 de marzo de 2014 respecto a la demanda de Australia contra el Gobierno de Japón por la denominada caza “científica” de ballenas en la Antártica, los ciudadanos del mundo que adherimos a esta declaración afirmamos que:

1. La denominada caza “científica” de ballenas que practica el gobierno de Japón es sólo una fachada para encubrir operaciones de carácter comercial que violan la moratoria global. Así lo demuestran la escala comercial de las cuotas capturas, las cuales son establecidas por factores ajenos a la investigación científica, como la capacidad de procesamiento de carne y productos de ballenas de la flota ballenera japonesa.

2. La caza “científica” de ballenas practicada por Japón en la Antártica también transgrede la integridad del Santuario del Océano Austral que brinda protección a todas las especies de cetáceos independiente de su estado de conservación. Éste fue creado en 1994 con el apoyo de todos los miembros de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) a excepción de Japón.

3. La caza científica de ballenas es una medida excepcional de la CBI, cuyo objetivo es responder preguntas fundamentales respecto de la conservación y administración de poblaciones de ballenas cuando no existen otras metodologías de investigación. A pesar que hoy existen múltiples alternativas de investigación no letal, Japón ha cazado más de 14 mil ballenas en el Santuario del Océano Austral sin generar ningún tipo información científica para responder estas preguntas.

4. La caza “científica” de Japón no cumple con los estándares mínimos para ser considerado un programa de investigación científica. El programa se limita a la obtención de muestras de las ballenas cazadas, sin una hipótesis que permita establecer objetivos claros ni definir procedimientos adecuados para evaluar el cumplimiento de los mismos.

5. La delegación de Japón ante la Corte Internacional de Justicia fue incapaz de explicar cómo se calculan las cuotas auto establecidas de caza “científica”. El único testigo presentado por la defensa japonesa afirmó desconocer dicho procedimiento. Además, criticó duramente la inclusión de ejemplares de ballenas jorobadas y de aleta y afirmó que este tipo de permisos no debería exceder una cuota de 10 ballenas al año. Este sólo aspecto debería ser razón suficiente para que la Corte Internacional de Justicia dictamine el cierre inmediato de las operaciones balleneras en el Santuario del Océano Austral.

6. El objetivo final del gobierno y la industria ballenera japonesa es la reanudación de las operaciones comerciales a escala industrial en el Santuario del Océano Austral, un área que cuenta con mecanismos especiales de protección de la biodiversidad marina bajo el Tratado Antártico y la CBI.

7. Un fallo a favor de Japón significaría la eliminación de facto del Santuario del Océano Austral, lo cual representaría un peligroso antecedente para el gradual debilitamiento de las medidas de protección establecidas en la Antártica y socavaría los princpios éticos de la investigación centífica.

8. Dado que el gobierno de Japón considera que ningún Estado u organismo puede interferir en la emisión de permisos de caza “científica” de ballenas, un fallo favorable a ese país sentaría un gravísimo precedente, ya que permitiría a cualquier miembro de la CBI auto otorgarse cuotas de caza “científica”, sin ningún tipo de supervisión ni control, incluso en aquellas especies en peligro.

9. El sistema de regulación de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) es colectivo, es decir, requiere de la cooperación de todos sus miembros para cumplir con el objetivo de conservar las poblaciones de ballenas. Un país no puede actuar unilateralmente y de manera independiente a las disposiciones de la CBI, como pretende legitimar el gobierno de Japón ante la Corte Internacional de Justicia.

La Corte Internacional de Justicia tiene la histórica y enorme responsabilidad de definir qué constituye verdaderas actividades científicas. Esta es la primera vez que la Corte aborda una disputa relacionada a la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto el veredicto de la Corte tendrá profundas implicancias sobre el derecho ambiental internacional, la gobernanza marina, el desarrollo de programas de investigación científica y en el destino de miles de ballenas y otras especies marinas.

En base a lo expuesto y como ciudadanos preocupados por la alarmante pérdida de la biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas marinos, hacemos un urgente llamado a la Corte Internacional de Justicia a defender la vida marina, los principios éticos de la investigación científica, y las bases de una gobernanza marítima que asegure la paz, la cooperación internacional y la conservación de la diversidad biológica de una zona tan especial como la Antártica.

 

 


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