El derecho de las organizaciones de la sociedad civil organizada, también conocidas como organizaciones no gubernamentales u ONG, de participar en foros internacionales es ampliamente reconocido por el derecho internacional. Las contribuciones y aportes realizados por las ONG han sido publicamente destacados en acuerdos como el Convenio de Especies Migratorias (CMS), la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) y la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC). Este último destaca que la participación de las ONG “permite a la sociedad civil integrar su experiencia, conocimiento, información y perspectivas en los procesos de decisión, y promueve la transparencia de los organismos internacionales”.

Desde 1953 la Comisión Ballenera Internacional ha contado con la presencia de ONGs. En principio éstas eran escasas en número y estaban ligadas a los intereses de la industria ballenera. Sin embargo, para 2003, más de un centenar de organizaciones fueron acreditadas como observadoras de las reuniones de la CBI y la mayoría de ellas representan a los intereses de conservación y uso no letal de los cetáceos.

Se podría pensar entonces que la CBI ha evolucionado positivamente hacia una mayor apertura de la participación ciudadana. Sin embargo la realidad es que la participación de las ONG en la CBI es muy restrictiva y una minoría de países, especialmente naciones balleneras como Islandia, Noruega y Japón, se han opuesto durante décadas a reformar el protocolo de la CBI para igualar las atribuciones de las ONG en la CBI a otros foros internacionales modernos.

Incluso varias naciones han intentado fallidamente restringir aun más la participación de las ONG en la CBI mediante la presentación de resoluciones para negar la acreditación de algunas organizaciones o sancionar aquellas consideradas “irresponsables”.

En 2004 la CBI acordó incluir un restrictivo Código de Conducta para las ONG después que una de las organizaciones acreditadas denunciara la compra de votos de Japón como una acto de corrupción al interior de la CBI. en aquella oportunidad los países miembro de la CBI consideraron que la acusación carecía de fundamentos y ofendía a muchas naciones. Seis años más tarde, los irrefutables testimonios en video sobre cómo Japón soborna funcionarios de países en desarrollo con dinero y hasta servicios de prostitutas para contar con su voto en la CBI, confirmaban que las denuncias realizadas por la sociedad civil eran ciertas.

A pesar de la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la gobernanza y transparencia de los foros internacionales, la CBI ha sido incapaz de avanzar hacia una mayor apertura de este sector. En 2011 en Reino Unido presentó una resolución sobre Gobernanza y Transparencia que, entre otros, incluía importantes reformas para modernizar la participación de las ONG de manera similar a otros foros internacionales.

Sin embargo la presión ejercida por algunas naciones para obligar a la CBI a adoptar esta importante resolución por consenso resultó en el debilitamiento de importantes elementos orientados a eliminar actos de corrupción y la total eliminación de todos los contenidos relacionados al fortalecimiento del rol de las ONGs en la CBI.

Considerando que las reformas necesarias para modernizar la participación de las ONGs en la CBI pueden adoptarse por simple mayoría de votos y que esa mayoría existe, resulta fundamental que los países conservacionistas, incluido el Grupo Buenos Aires, coordinen acciones para presentar nuevamente una propuesta sobre esta materia en Panamá y asistan en bloque a la reunión con derecho a votación.

La efectiva y propositiva participación de la sociedad civil en todas las instancias de la CBI es fundamental para cumplir con los valores de democracia participativa e informada, transparencia e inclusión social que deberían caracterizar a los foros internacionales en el siglo XXI.