La agresiva política ballenera de Japón en el Océano Austral no sólo amenaza seriamente especies y poblaciones de ballenas devastadas por ballenería comercial sino también la gobernanza de la Antártica, único territorio del planeta dedicado a la paz, la cooperación y libre de armas.

En diciembre de 2011 tres naves balleneras zarparon desde Japón rumbo al Santuario de Ballenas del Océano Austral con el objetivo de matar 900 ballenas minke y 50 ballenas de aleta (En Peligro) con supuestos fines de “investigación científica”. Pocos meses antes el gobierno nipón había informado que aumentaría en casi un 600 por ciento el presupuesto anual otorgado al programa ballenero en Antártica con el objetivo de fortalecer la seguridad de la flota ballenera.

Tras triplicar el subsidio gubernamental y asegurar una nueva temporada de “caza científica” de ballenas en la Antártica, la Guardia Costera japonesa informó que la seguridad de la flota se reforzó “como nunca antes” para disuadir las acciones de la organización internacional Sea Shepherd. Ésta incluiría el despliegue de un número indeterminado de agentes de la Guardia Costera a bordo de las naves que componen la flota ballenera, equipos de seguridad no especificados y hasta una nave patrullera de la Agencia de Pesca. 

A pesar que bajo la legislación internacional la Antártica es una zona designada para la paz, cooperación internacional y libre de armas, las características de la flota ballenera que opera ilegalmente en el Santuario de Ballenas del océano Austral continúa siendo un misterio.

La falta de transparencia del gobierno de Japón en relación al programa de seguridad ballenero fue una de las preocupaciones expresadas por más de sesenta organizaciones de América Latina y el Caribe en una carta enviada el pasado 25 de octubre de 2011 al Grupo Buenos Aires. El llamado de la sociedad civil latinoamericana no es menor considerando que la mayoría del dinero derivado del fondo para la reconstrucción de Japón hacia el programa ballenero será utilizado en reforzar la seguridad de la flota ballenera, sentando un grave precedente sobre la forma en que se abordarán futuros conflictos en la zona del Tratado Antártico. Sin embargo este aspecto ha sido completamente ignorado por los gobiernos de la región, incluso de países con intereses y reclamaciones sobre la Antártica.

De manera similar, ningún gobierno ha cuestionado y/o exigido públicamente al Gobierno de Japón la entrega de información necesaria para conocer el tipo de embarcación, oficiales y características de los equipos de seguridad que operan en las aguas del continente Antártico.

Mientras gobiernos y organizaciones civiles guardan silencio respecto al uso de personal y elementos de carácter militar en la zona del Tratado Antártico, Japón continua implementando medidas estratégicas orientadas a librarse de cualquier oposición a sus operaciones en alta mar para revitalizar la moribunda y decadente industria ballenera.

La falta de acciones concretas y efectivas, como la adopción de sanciones comerciales y la reforma de los Estatutos que rigen el trabajo de la Comisión Ballenera Internacional, entre otras, han permitido al gobierno de Japón traspasar límites legales y éticos que no sólo amenazan las ballenas, sino también la gobernanza del Océano Austral, los principios del Tratado Antártico, los intereses de los países latinoamericanos y las urgentes necesidades del pueblo japonés tras el terremoto, tsunami y desastre nuclear de marzo de 2011.

Resulta evidente que el real interés del gobierno de Japón es la defensa de una pequeña pero muy poderosa elite económica asociada a la industria pesquera japonesa que busca consolidar su dominio en las ricas aguas del Océano Austral, incluso mediante agresivas medidas de facto, las que están incorporando progresivamente componentes de carácter militar.

Bajo este contexto resulta urgentemente necesario que los países del hemisferio sur, especialmente aquellos con intereses y responsabilidades directas en la zona Antártica y sus ecosistemas relacionados, exijan durante la próxima reunión anual en Panamá al gobierno de Japón transparentar toda la información relativa a las operaciones de la flota ballenera nipona en la Antártica.

Adicionalmente se debe avanzar en forma coordinada coordinada hacia una real reforma de la CBI que elimine los permisos de “caza científica” que son utilizados por Japón para socavar la moratoria sobre la caza comercial, violar los principios de protección de los santuarios de ballenas y apropiarse unilateralmente de la frágil, única y delicada vida marina Antártica.